SANGRE Jorge Cardona

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Cuando el Libertador Simón Bolívar terminó su campaña militar en 1824 en Ayacucho (Perú) y completó la Gran Colombia, por su contribución a la larga y costosa guerra de independencia se expidieron leyes y decretos de reparación a las víctimas, que fueron insuficientes. Deshecho el sueño bolivariano en 1830, después de Santander y su larga herencia en Colombia, se patentó la guerra civil como uno de los destinos nacionales. Al menos una por década a lo largo del siglo XIX. La última y más sangrienta, llamada de los mil días terminó en 1902 con tres tratados de paz e indultos. Al año siguiente, con la intervención de Estados Unidos, se perdió a Panamá.En un país desmembrado, en la quiebra económica, con miles de víctimas y partidos políticos sin prestigio, no fue raro que retornara pronto la lucha armada. 

 

 

 

Desde el Cauca, al suroccidente de Colombia, en defensa de los cabildos indígenas, la encarnó el líder Paez Quintín Lame. De combatiente de la guerra de los mil días, junto a Avelino Rosas, a jefe de la movilización de 1911 que respaldaron casi 6.000 indígenas. El Ejército, formalizado cuatro años antes para asumir el monopolio de las armas, fue inducido a reprimir la revuelta. Hasta que Quintín Lame cayó preso y dejó sembrada la semilla de la rebeldía, con muchas armas guardadas esperando la próxima guerra.

Como en la mayor parte del mundo, después de la revolución rusa de 1917 se fortalecieron en el país los movimientos obreros, los partidos de izquierda, los sindicatos, las huelgas. La respuesta de los gobiernos fueron represivas medidas de Estado de Sitio y fuego de fusiles. El 6 de diciembre de 1928 quedó en la memoria cuando la fuerza pública disolvió a bala una protesta de empleados de la United Fruit Company en Ciénaga (Magdalena). Pasó a la historia como la matanza de las bananeras. El gobierno Abadía dijo que murieron 47. Los sindicalistas que 1500. José Arcadio Segundo en Cien Años de Soledad” aseguró que fueron más de 3000 los que vio muertos en la estación del tren.

 

 

 

 

Entre la ficción y la verdad, o las memorias de la guerra escuchadas por varias generaciones en crisis, los años 30 trasladaron la discordia a las tomas de tierras y las ligas agrarias. Tiempo después se enquistó la violencia partidista que convirtió a liberales y conservadores en fratricidas consumados. Huyendo de sicarios adiestrados por asesinos “pájaros”, despojadores de tierras o la policía “chulavita”, en algunas regiones de Colombia se fueron uniendo combatientes para ejercer la resistencia. En el sur del Tolima, uno de ellos fue Pedro Antonio Marín, apodado por sus enemigos “Tirofijo”, o “Manuel Marulanda Vélez”, como él se rebautizó ya matriculado en el comunismo.

Cuando el general Rojas Pinilla tomó el poder en junio de 1953 y concretó tres meses después un proceso de paz para frenar el desangre partidista, los prejuicios de la guerra fría internacional pesaron en Colombia más que la concordia. Los comunistas fueron excluidos y luego prohibidos por decreto. Perseguidos por aire y tierra, huyeron del sur del Tolima al norte del Cauca, Huila, Caquetá o la región del Sumapaz. En este último territorio, por Villarrica, entre 1955 y 1956 se libró una lucha abierta entre el Estado y las “repúblicas independientes”, como bautizó el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado a las columnas de marcha de los comunistas volviéndose guerrilla. 

 

 

Después llegó la revolución cubana, el continente estremecido y Washington encendiendo sus alarmas. No habrá una segunda Cuba en América Latina, aseguró Kennedy y su Alianza para el Progreso se usó como doctrina de neutralización social del comunismo en aquellas naciones donde germinaba por ausencia de Estado. En Colombia, el programa fue acogido con tanto fervor como el voto en la OEA para expulsar a Cuba. En 1964, esa alianza se transformó en operación de guerra financiada por Estados Unidos. Las “repúblicas independientes” fueron intervenidas y la réplica fueron las FARC-EP. Después aparecieron otros rostros de la insurgencia armada.

Con el auge de las FARC-EP, el ELN, o el Epl, entre otros grupos, la contraofensiva paramilitar no se hizo esperar. En los años 70   terminó de forjarse, sobre todo desde que entró a compartir caudales con los carteles del narcotráfico, en una respuesta común al secuestro y el cobro del impuesto del “gramaje”. El Estado se apertrechó en el Estatuto de Seguridad del presidente Turbay Ayala, un severo régimen penal que desde 1978 soltó la rienda a los militares a tal punto, que el país entró en la órbita de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. Cuando llegaron los años 80, la búsqueda negociada de la paz era una urgencia nacional.

 

 

El presidente Belisario Betancur la puso en marcha en 1982, a través de un proceso que cambió el rumbo del país, porque firmó acuerdos de cese al fuego con las guerrillas y permitió crear el movimiento Unión Patriótica (UP) para que la insurgencia cambiara armas por urnas, pero el paramilitarismo se atravesó y, en algunos casos en connivencia con integrantes de las Fuerzas Armadas, emprendió una campaña de exterminio de los militantes de la UP que frustró la paz. Fue la misma época en la que el capo del narcotráfico Pablo Escobar patentó su marca narcoterrorista, y la misma que vio al M-19 firmar la paz con el gobierno de Virgilio Barco en marzo de 1990.

 

Después de Belisario Betancur, todos los presidentes intentaron la vía negociada para frenar el desangre, pero la guerra se regó como agua. Los expertos de la memoria saben que desde finales de los años 90 del siglo XX todo fue peor.

En muchos hogares colombianos, las generaciones que habían crecido oyendo relatos de horror de los tiempos de la violencia partidista, ahora tenían cómo contar de magnicidios, carros bombas o masacres, con el poder corruptor del narcotráfico moviéndose en las entrañas del país. Después de Belisario Betancur, todos los presidentes intentaron la vía negociada para frenar el desangre, pero la guerra se regó como agua. Los expertos de la memoria saben que desde finales de los años 90 del siglo XX todo fue peor. Fue cuando la barbarie se ensañó con los civiles y muchos hermosos nombres de pueblos o veredas de Colombia quedaron asociados a cruentas masacres.

 

 

En medio de una guerra degradada, por decisión del presidente Andrés Pastrana, Estados Unidos aportó un nuevo punto de inflexión a la confrontación armada: un plan contra las drogas que se volvió contrainsurgente y encajó en el enfoque militarista del elegido en 2002, Álvaro Uribe Vélez. El Plan Colombia que incentivó la ofensiva del Estado, incluso más allá de las fronteras, como el bombardeo al campamento del jefe guerrillero Raúl Reyes en Ecuador, en marzo de 2008, en medio de tensiones con Hugo Chávez al mando en Venezuela. En las zonas de combate todavía recuerdan cuando se impuso la guerra y los sepultureros tuvieron que trabajar horas demás.   

En 2010, cuando se creía que llegaba la segunda parte de la seguridad democrática de Uribe, con Juan Manuel Santos en la jefatura del Estado, porque las operaciones militares contra los jefes de las FARC-EP seguían al orden del día, sobrevino la vuelta de tuerca. Entre febrero y agosto de 2012, gobierno y guerrilla adelantaron una fase exploratoria de conversaciones de paz en La Habana (Cuba), que derivó en una mesa de diálogo, y después en un proceso de paz de cuatro años que terminó con acuerdos definitivos en septiembre y noviembre de 2016. Una ruta de navegación que cobra forma y que la sociedad trasiega en medio de un alto volumen político.

 

 

El narcotráfico trata de copar zonas en las que la insurgencia no ha vuelto. El incremento de asesinatos de líderes sociales demuestra que hay rezagos de paramilitarismo o sicariato. No es una misión fácil hacer que la paz germine, pero las nuevas generaciones son las llamadas a intentarlo. Cuando sus hijos no crezcan escuchando historias de horror como las que oyeron contar a sus padres o abuelos, será una buena señal. Entre tanto, todo sigue a prueba entre el Estado y la insurgencia. Más allá de ellos, mientras haya menores de edad expuestos al delito o ejerciéndolo, nadie puede garantizar que la paz de Colombia sea un hecho cumplido.